Un censo realizado por la Secretaría de Salud de Coahuila, en coordinación con diversas instancias, logró reducir en 44% el número de establecimientos que operaban como centros residenciales especializados en adicciones, comúnmente conocidos como anexos.
La recopilación inicial de información, realizada junto con el INEGI y autoridades municipales, identificó alrededor de 450 establecimientos que se declaraba como centros de atención. Tras un proceso de verificación efectuado durante este año, en conjunto con el DIF estatal, se informó que se visitó el 100 por ciento de estos lugares. El resultado mostró una disminución de 200 anexos.
“Muchos de estos establecimientos ya habían cambiado de dirección, dejado de operar como centros residenciales o simplemente no funcionaban. El número final de establecimientos que aún conservan la actividad y funcionalidad de brindar servicio residencial especializado en adicciones es de aproximadamente 250”, explicó el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso.
Moscoso detalló que el número de centros funcionales es “versátil y dinámico”, debido a que, una vez identificado un padrón más preciso, comenzó un trabajo de acompañamiento para que los establecimientos cumplieran con la normativa y los requisitos obligatorios. Fue durante este proceso cuando se detectó que muchos centros habían cerrado o cambiado de ubicación.
El subsecretario advirtió que los 250 centros que actualmente integran el padrón no están exentos de suspensión: “Si no cumplen con los requisitos, pueden desistir de dar este servicio y cerrar”.
Al inicio de la actual administración, en 2023, el registro estatal contabilizaba apenas 100 anexos. El incremento en la proliferación de estos centros fue descrito como un fenómeno relacionado con la falta de regulación estricta a nivel nacional, lo que permitió su crecimiento desorganizado.
Cada año, la Fiscalía General de Coahuila recibe en promedio cinco denuncias por muertes ocurridas en anexos, cifra que incluso se ha superado en los últimos dos años. Esto motivó la implementación de acciones más firmes para regularizar estos establecimientos.
Moscoso señaló que el trabajo de regulación se ha enfocado en apoyar a los responsables para que cumplan con los lineamientos, pues muchos operaban sin los avisos o permisos necesarios.
La campaña de capacitación incluye asesoría en materia de salud, orientación en derechos humanos y acompañamiento de personal de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, así como del DIF.
Durante la primera etapa de revisión se aplicaron sanciones y suspensiones. Se detectaron cinco establecimientos que no estaban debidamente conformados y presentaban condiciones que vulneraban la integridad de las personas internadas.
El subsecretario indicó que las regiones con mayor número de centros residenciales coinciden con las zonas más pobladas del estado. Saltillo y Torreón encabezan la lista, seguidas por Monclova y municipios de la Región Norte, donde también se registra una concentración importante de establecimientos.
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