Doce años de un esfuerzo continuo hicieron que Manolo Jiménez pueda recibir el estado de Coahuila con niveles bajos de violencia homicida. Según cifras oficiales, de 2011 a 2017 las carpetas de homicidios dolosos se redujeron en un 65% y al 2022 un 34% más, pasando en total de 663 a 152 carpetas de investigación.
Hablar de Coahuila es hablar de una política de seguridad exitosa implementada por Rubén Moreira y continuada por Miguel Á. Riquelme. Sin embargo, mantener la seguridad de los ciudadanos implica no descuidarla e ir ajustando la estrategia para que el estado no vuelva al infierno vivido entre 2005 y 2011.
Se reconoce el esfuerzo continuo por 12 años, y hay que señalar los delitos de alto impacto que han ido al alza en el actual gobierno, como el feminicidio, el secuestro, la extorsión, que sin ser los números de 2011 si son un foco rojo. Y desde luego el incremento del narcomenudeo y los altos niveles de violencia familiar.
De los 38 municipios que conforman el estado, Torreón y Matamoros son los de mayor complejidad, por ser parte de la región de la Laguna y cuya problemática se ve en conjunto con municipios de Durango. Hasta el momento la inseguridad se ha mantenido controlada en esta región desde que se decidió por un mando especial del gobierno federal apoyado por los gobiernos de Durango y Coahuila, los empresarios y la sociedad civil.
El gobernador tendrá como reto disminuir esos delitos de alto impacto que han aumentado y conservar la tendencia a la baja de homicidios dolosos; También debe poner atención en mejorar sus registros de delitos, ya que en Coahuila han hecho modificaciones en su metodología de registro –o en su dinámica delictiva—. Por ejemplo, entre 2017 y 2022 se incrementó en 136% el registro de víctimas de otros delitos contra la vida y la integridad que, al parecer, es el cajón donde esconden registros de homicidio. Otro dato que llama la atención es la disminución del número de víctimas de homicidio doloso, pero al mismo tiempo el incremento de víctimas de homicidio culposo.
Hay problemáticas como el narcomenudeo que debe ser atendido por la Secretaría de Seguridad, pero también con una política sólida de salud pública; y la violencia familiar que se debe prevenir con una política de género integral.
Otro reto es fortalecer la estrategia en contra del crimen organizado para contener las incursiones de estos grupos, que insisten en entrar por la parte norte del estado, principalmente por La Unión, provenientes de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Quizás el más importante es atender la parte institucional. Una pieza fundamental de la estrategia implementada por Rubén Moreira fue crear una policía de élite que secundó el actual gobernador, la Policía de Acción y Reacción (PAR). Ahora corresponde institucionalizarla, para que no dependa del gobernador en turno. También que cumpla con los términos de la Ley de Desarrollo Policial; que los exámenes de control de confianza sean estrictos; que sus sueldos, prestaciones y seguridad social estén en sus contratos; y que los policías tengan certeza sobre su futuro, que no dependan de quien llegue al poder. El gobernador se debe adelantar y evitar una mala sorpresa.
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