La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó hoy la controversia constitucional que impedía la distribución de los nuevos libros de texto gratuito en el estado de Coahuila.
La Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad declarar procedente la reclamación del Poder Ejecutivo Federal contra la admisión de la controversia y la suspensión de la distribución de los libros, dictadas el 18 de agosto pasado por el ministro Luis María Aguilar.
Con esta determinación, ya no existe ningún impedimento para que el Gobierno Federal para repartir los libros del ciclo 2023-2024 en las escuelas públicas de Coahuila.
La SEP publicó su polémico nuevo Plan de Estudios para Educación Básica en agosto de 2022, pero fue hasta un año después cuando difundió los programas de estudio específicos para cada grado, y para entonces los nuevos libros ya estaban impresos y en distribución.
En su demanda de controversia, el Gobierno de Coahuila reclamó una violación al procedimiento para la elaboración de los libros de texto, porque no se tomó en cuenta la opinión de las entidades federativas y demás sectores involucrados en el tema educativo, incluidos los pueblos indígenas del estado.
La Primera Sala reiteró en el caso de Coahuila su criterio aplicado hace tres semanas, en el que también por unanimidad revocó la admisión de la controversia del Gobierno de Chihuahua contra el reparto de los libros de texto, al considerar que la demanda era notoriamente improcedente.
Los cinco ministros de la Sala consideraron que Chihuahua no tiene atribuciones para defender la elaboración, producción y distribución de libros de texto, por tratarse de una atribución exclusiva de la Federación, de ahí la improcedencia de su demanda.
Esta organización litiga desde mayo un amparo contra la SEP, en el cual una juez federal concedió una suspensión para obligar a la dependencia a ajustar el proceso de los nuevos libros, un fallo que la propia juzgadora consideró que no fue acatada.
Tras los desechamientos de las controversias de Coahuila y Chihuahua, la Corte ya no analizará si existieron violaciones legales en la elaboración de los nuevos libros, salvo que llegue a revisar el amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia.
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