Desde la capital del estado, dejaron clara su postura contra una iniciativa que, según afirman, amenaza con desmantelar uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional.
En un acto solemne celebrado en las instalaciones del Poder Judicial, se anunció la creación de un comité de lucha conformado por trabajadores, jueces y magistrados; esta será la primera de una serie de acciones planificadas para enfrentar las reformas que ya están en proceso de definición.
Subrayaron la necesidad de contar con magistrados que juzguen con imparcialidad e independencia, sustentados en el conocimiento profundo de la ciencia jurídica y la experiencia adquirida a lo largo de los años, también rechazaron la idea de jueces improvisados y sujetos a la voluntad de quienes los designen.
La preocupación principal radica en que, de aprobarse la reforma judicial en los términos actuales, se abriría la puerta para elegir jueces que podrían estar sometidos a quienes los propusieron.
Aunque el Poder Judicial es perfectible y hay áreas que requieren mejoras, estas no se lograrán con medidas populistas.
Los magistrados y jueces coincidieron en que están dispuestos a luchar contra lo que describen como una infamia: disfrazar el despido masivo de juzgadores federales bajo la pretensión de una reforma constitucional.
Advirtieron que inhabilitar a todos los jueces federales en activo sería eliminar cualquier contrapeso independiente e imparcial, haciendo al sistema judicial dócil e inefectivo.
Citaron ejemplos recientes en los que el Poder Judicial ha sido crucial para la defensa de los derechos ciudadanos. Durante la pandemia de Covid-19, fue este poder el que ordenó vacunar a la población cuando las autoridades se negaban a hacerlo. También destacaron casos en los que se reconocieron los derechos de los niños a una vida plena y se ordenó proporcionar implantes cocleares que habían sido negados por los institutos de salud.
La reforma propuesta por la Cuarta Transformación (4T) amenaza con paralizar el aparato de justicia al considerar el cese de todos los titulares, desde los ministros hasta los jueces, de un solo golpe.
Mencionan que pondría en peligro la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los impartidores de justicia, quienes podrían verse influidos por el Ejecutivo federal en las candidaturas para estos cargos.
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