Es el primero que se da en Coahuila, una mujer fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar en su modalidad de violencia vicaria.
Tras una audiencia de seis horas, un juez de control consideró suficientes las pruebas presentadas para procesar a Esthela “N”, quien se convirtió en la primera mujer vinculada por el delito señalado en el estado.
El juzgador otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria del caso, en el que se acusa a Esthela de ejercer violencia física y psicológica contra sus hijos, y la modalidad de violencia vicaria contra ellos y su pareja, Johnny Robles, quien interpuso la denuncia en su contra.
“Es luchar por nuestra infancia, por nuestros niños, para que ellos puedan crecer sanos física y emocionalmente”, declaró Robles al salir de la audiencia.
La abogada defensora de Esthela señaló que no están conformes con la determinación y se buscará impugnar la vinculación a proceso.
”No estamos conformes con esta determinación (…) Nosotros consideramos que había elementos que contradecían y establecían una diferente teoría de esta investigación”, dijo.
Actualmente, por disposición de un juez de lo familiar, Esthela mantiene la guarda y custodia de sus hijos, a pesar del proceso que se sigue en su contra.
Su abogada señaló que un juez penal no tiene la facultad para modificar esa condición, en tanto la defensa de Johnny Robles señaló que buscará mecanismos para restablecer la convivencia, en tanto el Ministerio Público se allega de más pruebas en el periodo de investigación.
Fuera del Centro de Justicia Penal estuvieron presentes diferentes grupos con posturas contrarias sobre el caso.
Los integrantes del colectivo “Padres por la Verdad” se manifestaron con mantas y cartelones en apoyo a Johnny, exigiendo justicia para el padre y sus hijos.
Activistas como Jacqueline Campbell, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, y la doctora Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, acudieron para respaldar a Esthela.
Salazar calificó la medida de arresto domiciliario a la imputada como una sanción desmedida y denunció que Esthela ha sido víctima de un linchamiento social en redes sociales que incita a la violencia contra las mujeres.
Señaló que en sus 23 años de experiencia atendiendo casos de violencia no ha visto que se apliquen medidas cautelares tan severas contra hombres y de manera tan expedita como fue el arresto domiciliario.
“A mí me parece que esa medida sucede después de un contexto aquí en Saltillo, donde hay un grupo de hombres que… tendrá sus razones por las cuales hicieron su colectivo… pero los jueces tienen que juzgar desde un punto de equilibrio”, afirmó la activista, sugiriendo que la decisión judicial podría estar influenciada por la presión mediática.
